El fallo benefició a los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, incluyendo a a 9 ex agentes del organismo que estaban imputados en la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. El hecho ocurrió en noviembre de 2017. Una decisión duramente cuestionada por una de las querellas que impulsó la investigación.
La decisión de la Cámara de Casación generó un posteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X (exTwitter) donde escribió: “Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan”.
Esta tarde, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma confirmó la resolución de la Cámara Federal. La misma dispuso los sobreseimientos de Macri y de los exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y nueve agentes de ese organismo.
La decisión se circunscribió a seis hechos de obtención de información y producción de inteligencia, presuntamente ilegal, sobre familiares y amigos de las personas fallecidas a raíz del hundimiento del submarino ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”.
El máximo tribunal penal del país, con la mayoría de votos conformada por Yacobucci y Borinsky, hizo hincapié en que el tribunal de la instancia previa realizó un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos ventilados en la causa y descartó debidamente la tipicidad de las conductas investigadas.
Las declaraciones de los jueces
“Las acciones atribuidas a los encausados no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia, sino que también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos. A su vez, resultaron ser los más moderados y menos intrusivos dentro de aquellos igualmente eficaces, respetando el contenido esencial de los derechos involucrados que a los familiares de las víctimas les asisten”, continuó.
Por su parte, el juez Borinsky coincidió en que los magistrados de la Cámara Federal porteña “razonablemente evaluaron que las actividades cuestionadas por las partes se evidenciaron como normativamente especificadas, y que hacían a la seguridad interior” y la seguridad presidencial y/o de seguridad, que “se encuentran enmarcados en la normativa regulatoria de la AFI”.
En disidencia, la jueza Ledesma consideró que “la Cámara incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia al habilitar, por vía de un supuesto de seguridad presidencial, una ampliación indebida de las facultades previstas en la ley de inteligencia”.
“Cabe destacar que frente a la hipótesis de que los imputados estaban produciendo inteligencia nacional para la Casa Militar, entonces debió haberse dado un supuesto en el cual los familiares de las víctimas del Ara San Juan hubieran intentado atentar contra el orden constitucional, extremo sobre el cual no existen elementos de prueba que sustenten dicha hipótesis”, afirmó Ledesma.
La palabra de Valeria Carreras
“A tenor de la prueba que se mencionó y de causas conexas, podremos seguir en otra jurisdicción. Que nadie tenga dudas, fue espionaje pero legitimado por la Justicia argentina, que lo torna aún más grave. Seguiremos porque todos los argentinos quedarán en riesgo con este precedente”, enfatizó la abogada.
