Este miércoles 16 de agosto, horas antes de la sesión caliente del Concejo de Representantes de la ciudad, donde se trató el proyecto de suspensión de la aprobación de desarrollos inmobiliarios colectivos en Carlos Paz por un año, el Colegio de Arquitectos de Córdoba regional Carlos Paz, presentó un documento por despacho, dando a conocer su postura sobre la medida anunciada por Esteban Avilés, el mismo día que asumió la intendencia de la ciudad.
Cabe destacar que la ordenanza gestada por el mandatario local, será promulgada en las próximas horas por el Ejecutivo municipal y entrará en vigencia, ya que no requiere de una doble lectura, audiencia pública, ni tratamiento especial por parte de los ediles.
El comunicado del Colegio de Arquitectos seccional Carlos Paz expresa disconformidad respecto a la ordenanza que entra en vigencia y solicita se genere consenso al respecto, dado que la reciente medida “afecta los derechos esenciales de sus vecinos, como el de trabajar, ejercer o acceder a una vivienda”.
Sin situación de emergencia declarada
“No escapa a la consideración de esta institución la necesidad de implementar políticas de urbanización sustentables para la conservación del medio ambiente como patrimonio de toda la comunidad local. Sin embargo, interpretamos que su elaboración debe ser compatible con los demás derechos de los ciudadanos, evitando un impacto negativo en sus recursos y condiciones de vida”, comienza el comunicado del colegio.
Y sostiene: “El proyecto presentado por el ejecutivo municipal reitera la virtual paralización de la industria de la construcción mediante la suspensión de la aprobación de proyectos de construcciones de viviendas colectivas (en bloque o dispersas) edificios de uso de oficinas o edificios de usos mixtos, afectando gravemente la fuente de recursos económico-laborales de la ciudad, sin que una situación de emergencia declarada, lo justifique”.
Grave impacto en la economía del sector
Respecto al año de suspensión de las actividades, señala: “El plazo de suspensión propuesto de 12 meses prorrogables discrecionalmente por otro período igual, en la coyuntura actual, resulta gravemente lesivo de la economía individual de los ciudadanos que participan en el proceso constructivo, como profesionales, personal de obra, proveedores, y otros vecinos, dado que es también una cuestión de interés público”.
Asimismo, añade: “Corresponde al Estado local proveer los medios y recursos necesarios para readecuar el Código de Edificación local, pero sin lesionar gravemente los derechos de los ciudadanos. Es posible articular una propuesta para reformular el uso del suelo del Área Urbana que permita adecuar la normativa edilicia al crecimiento poblacional sin paralizar su desarrollo, que también restringe la oferta en el mercado de locaciones con fines de vivienda permanente”.
Una medida contradictoria e inocua
Por otra parte, el Colegio de Arquitectos manifiesta: “Resulta contradictorio el espíritu del proyecto, que excepciona de la suspensión a los edificios destinados al alojamiento turístico, considerando que la saturación de los servicios esenciales como los recursos hídricos, energéticos y de tratamiento de desechos, se produce precisamente con la afluencia de los visitantes en los períodos vacacionales”.
Luego aclara en tal sentido: “Es decir, no se justifica la necesidad de un extenso plazo de suspensión para la aprobación de proyectos como el propuestro para readecuar el desarrollo urbanístico en favor de la densificación, cualificación y completamiento de la mancha urbana, la eficiencia energética y la gestión de los recursos, y las redes de infraestructura, por resultar esta medida inocua a los fines perseguidos”.
Para finalizar, se pone a disposición para discutir el tema y generar conformidad en todo el sector afectado. “Acompañamos la necesidad de adecuar la normativa edilicia y la planificación del desarrollo urbano respetando los presupuestos ambientales establecidos por la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, pero sin que para ello sea necesario establecer plazo de suspensión a su desarrollo, que afecte los derechos también esenciales de sus vecinos, como el de trabajar, ejercer o acceder a una vivienda”.
Y reitera: “Nuestra institución queda a su entera disposición para el aporte técnico en materia de urbanización y sustentabilidad que pueden brindar nuestros colegiados, con el interés de participar y deliberar en pos del respeto de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal”.