Los empleados de la Cooperativa Integral tomaron las instalaciones de la Planta de Tratamiento de cloacas de Costa Azul e impidieron el ingreso de funcionarios municipales que llegaron para hacerse cargo del servicio por disposición del Ejecutivo.
El asesor letrado, Juan Villa arribó al lugar pasadas las 9.30 junto al secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Horacio Pedrone y la oficial mayor de la Municipalidad Mónica de Girolamo, y fue recibido por la escribana Beatríz Vaca Olmos que junto a las autoridades del Consejo de Administración de la Coopi y su representante legal, puerta mediante, dejó constancia de la intención de los trabajadores.
En este sentido, el secretario general de SIPOS Gustavo Valdez, señaló: “Rechazamos por ilegal e ilegítimo el procedimiento de municipalización de los servicios, porque no está motivado, justificado ni tiene causas que le den fundamentos, y porque además no son atribuciones del intendente municipalizarlo. Lo ha dicho la Justicia, y desoye a la Justicia”.
Y continuó: “Como desde la Cooperativa y el sindicato cuestionamos la legalidad de ese procedimiento, el acta de recepción provisoria no se confeccionó, y una escribana a requerimiento de la Cooperativa manifestó a la comitiva municipal los fundamentos para no suscribir el acta de recepción provisoria”.
Por otro lado, aseguró que los trabajadores continuarán en estado de asamblea permanente; aunque sostuvo que tienen las expectativas puestas en algunas alternativas de intermediarios y situaciones de trabajo que se propusieron en búsqueda de una solución.
“El intendente como procede sin atribuciones en este caso, tampoco las tiene como garantizar los derechos laborales como falazmente dice. En la cuestión legal hay un fallo en primera instancia de la Justicia de Córdoba, que ya le invalidó la municipalización del agua, y este intendente sigue yendo por el mismo camino intentando hacer lo mismo. Lo que sigue es el trámite judicial que también dice desconocer”, concluyó.
Desde la Municipalidad
Al respecto, el asesor letrado municipal, Juan Villa, expresó: “Nosotros hemos cumplido con todas las pautas contractuales; pero contra la violencia no hay razón alguna. El hecho de no permitir ingresar a una planta y acceder a un servicio que son claramente municipales, es un claro hecho de violencia. Todo el mundo ha sido testigo de lo que sucedió hoy. Desde el punto de vista formal, lo real y concreto, es que no habido en tiempo y forma como lo dice el contrato la restitución del servicio y los bienes que pertenecen al municipio”.
Y siguió: “Vamos a acudir al Ministerio Público, quiero decir que en la carta documento que les hicimos llegar el 27 de noviembre le advertimos a la Cooperativa Integral de esta situación. Ahora lo hemos hecho de vuelta con la actuación notarial, reiterando el apercibimiento; contra esto no hay ninguna razón posible”.
Además, si bien aclaró que el municipio tiene la facultad del uso de la fuerza, por indicación del intendente decidieron no hacerlo, sino que procederán a formular la denuncia correspondiente.
