Las familias de bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba entre marzo y mayo de este año pidieron la “ampliación de acusación y prisión preventiva” para la directora de ese centro de salud provincial al momento de los hechos, Liliana Asís, al considerar que podría haber incurrido en “encubrimiento agravado”, sostuvo hoy uno de los abogados.
El abogado querellante Carlos Nayi, que representa a las familias de cuatro de los cinco bebés fallecidos, manifestó a Télam que “hay elementos suficientes para investigar la probabilidad de atribuirle la responsabilidad penal del delito de encubrimiento agravado” a la exdirectiva, al fundamentar el planteo ante el fiscal Raúl Garzón.
Asís está en libertad e imputada por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”, sin embargo el abogado Nayi consideró que el fiscal debería analizar si corresponde ampliar la acusación por “encubrimiento agravado” porque, según el querellante, “Asís ya conocía desde marzo sobre las muertes” sospechosas.
En ese sentido añadió que la entonces directora del neonatal había tomado conocimiento de las muertes de Francisco en marzo y de Benjamín en abril, y que había informado a las autoridades del Ministerio de Salud provincial pero que “no lo hizo ante la Justicia, como correspondía”.
“Como directora interpuso intereses personales por encima de la preservación de vida de los neonatos y de esa manera evitó que se llegara a la verdad en tiempo y forma”, cuestionó Nayi, quien recordó que luego ocurrieron otras tres muertes.
“Asís integró un grupo pequeño de funcionarios que intentaron ocultar lo que estaba sucediendo en el neonatal. Sabían que lo que estaba ocurriendo no eran productos del accidente ni la mala praxis, sino que eran resultados de una conducta intencional”, dijo el abogado querellante quien está a la espera de que el fiscal se expida sobre su planteo.
Las denuncias
A principios de agosto, Garzón abrió una investigación a partir de denuncias formuladas en junio, sobre cinco casos de “muertes sospechosas” de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal, que ocurrieron entre marzo y mayo pasado.
La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Brenda Agüero, la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes, quien supuestamente habría inyectado sustancias “incompatibles con la vida” a los recién nacidos, como potasio y otros componentes que aún se trata de establecer.
Los restantes imputados son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, según consta en el expediente.
También, la exdirectora Liliana Asís; y las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.
