Un grupo desperdigado de edificios sin las capacidades mínimas para el funcionamiento de tres fiscalías, dos juzgados y demás dependencias, configuran la pata local del Poder Judicial de Córdoba.
Con reclamos reiterados de usuarios, abogados y, en voz muy baja por miedo, de los propios empleados del poder judicial; la precariedad de las oficinas que ocupa uno de los tres poderes del estado en Córdoba, además de ser un problema en sí mismo, es una muestra de la desidia con que el Gobierno provincial maneja la Justicia, cuanto menos, en nuestra ciudad.
Y esa desidia se ve también en la continuidad de los fiscales Gustavo Marchetti y Ricardo Mazzuchi.
Ambos, titulares de las Fiscalías 1 y 2 de la ciudad de Villa Carlos Paz, cargan sobre sus espaldas, denuncias, pedidos de jury y muestras de incompetencia en la resolución de casos de notoria sensibilidad para la sociedad.
Las noticias que sacudieron esta semana a la comunidad volvieron a dejar en claro el porqué del cuestionamiento y descreimiento de toda una sociedad en los fiscales que deberían ser parte del poder que los protege. Al punto que en el pasado se realizaron marchas pidiendo su destitución, algo que no es habitual en muchas ciudades, y mucho menos en Carlos Paz, pueblo que a veces adolece de sentido de pertenencia y autoprotección.
Por un lado: un joven inocente. Acusado, llevado a juicio y privado de su libertad por casi 19 meses, sin ninguna prueba real en su contra, al punto que el juicio oral y público marcó un hecho sin precedentes en que la fiscalía y el juzgado resolvieron su absolución en apenas dos horas. Dos horas para 18 meses de cárcel. La instrucción y la detención fueron a cargo de Ricardo Mazzuchi.
El mismo que mostró que no pudo resolver el caso de Andrea Castana y en el proceso de investigación de la muerte de Hernán Sánchez, nunca recibió a la familia del fotógrafo, expuso el hallazgo del cuerpo a los medios antes que a sus seres queridos, y llego a una resolución de suicidio de la que gran parte de la sociedad descree. El mismo fiscal.
Por otro lado, una denuncia de instancia privada, realizada por la ex mujer de Gustavo Marchetti, volvió a hacer sonar las alarmas de la competencia de los fiscales. “Vas a terminar como Nora Dalmasso”, le habría dicho el fiscal a su ex pareja. Denuncia mediante, el fiscal Martín Bertone (representante del Ministerio Público Fiscal en Cosquín) determinó y no por primera vez, una restricción de contacto entre el fiscal de Carlos Paz sobre la denunciante.
¿Puede una persona que debe realizar las instrucciones, tomar decisiones sobre la libertad de las personas y llegar a decidir el curso de las investigaciones cargar con una denuncia de tal tamaño sobre sus espaldas? Por ahora parece que sí.
Como parece normal tener fiscalías y juzgados en casas alquiladas, desperdigados por media ciudad, como parece normal tener que subir la escalera de un juzgado de 40 centímetros de ancho que no tiene la más mínima accesibilidad o realizar actas y sumarios en los pasillos por falta de espacio.
La desidia que muestra la Justicia de Córdoba sobre su responsabilidad de impartir justicia (precisamente) explota por todos lados, se hace visible en lo edilicio, en lo humano. Se hace muy visible.
