El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo y actual diputado nacional Julio De Vido comenzó a ser juzgado este miércoles por la tragedia del tren de Once y escuchaba durísimas acusaciones formuladas por la fiscalía, en el primer juicio oral en su contra. Desde poco después de las 9.30 y hasta este mediodía, De Vido; su consorte de causa, el ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff; los jueces del Tribunal Oral Federal 4; las querellas y familiares de las víctimas escuchaban la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Ramiro González por los delitos de estrago culposo y fraude al Estado.
A las 9.20, el ex ministro había ingresado a los tribunales de Comodoro Py 2002 por un acceso lateral a bordo de una camioneta Mercedes Benz junto a su nuevo abogado Maximiliano Rusconi, sin hacer declaraciones a la prensa.
De Vido se dirigió directo a la sala de audiencias conocida como “AMIA”, en el subsuelo del edificio, donde, tras la sesión de fotografía de la prensa, se inició la audiencia del primer juicio oral en su contra por delitos que prevén hasta 11 años de prisión.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iniguez comenzaron con la lectura del requerimiento fiscal, que incluyó duras acusaciones sobre la forma de funcionamiento, las “deficiencias” y el estado “deplorable” del ferrocarril Sarmiento, antes del choque del 22 de febrero de 2012 en la estación de trenes de Once que causó 52 muertos y 189 heridos.
Desde Ushuaia y por videoconferencia, también seguía el debate la jueza federal de esa ciudad Jana D’Alessio, nombrada suplente para este debate.
De Vido siguió la lectura sentado en la primera fila de la sala de audiencias, de cara a los jueces y de espaldas a los familiares de las víctimas ubicados tras un vidrio blindado, en el sector destinado al público.
Poco antes, habían reclamado justicia en las afueras del Tribunal con pancartas en reclamo por “Justicia para las víctimas del tren de Once”.
El ex ministro escuchó inquieto, consultando su celular, entrelazando los dedos de sus manos, cruzándose de brazos o tocándose la barba, o mirando a su abogado mientras se leían uno por uno los nombres de todas las víctimas y las acusaciones del fiscal.
“Pese a las advertencias, no se dio de baja el contrato del Sarmiento”, advirtió el fiscal González en su requerimiento al aludir al “afán de lucro” de la concesionaria TBA, que no realizaba -según la Justicia- las tareas de mantenimiento necesarias por “anteponer sus intereses económicos”.
Esto está “en los orígenes de este suceso, con un sistema ferroviario que operaba TBA en una situación límite, por lo cual hechos luctuosos como el aquí ventilado podían ocurrir en cualquier momento”, agregó el fiscal en su acusación.
La lectura incluyó transcripciones de escuchas telefónicas en las que empleados de la empresa concesionaria advertían sobre reiteradas fallas en las formaciones que hacían el mismo recorrido que el tren siniestrado.
