A 18 años del crimen del panadero Héctor Corradini, la Justicia condenó en la tarde de este lunes 5 a Mercedes Segalá como autora intelectual del asesinato y al sicario acusado de ejecutarlo a prisión perpetua.
La Cámara Tercera sentenció a la viudad por unanimidad por el delito de homicidio agravado por el vínculo, codicia y alevosía. La misma condena fue aplicada a Víctor “Mandrake” Quinteros, sindicado como el sicario contratado por la viudad para ejecutar a Corradini y cobrar así los seguros que obraban sobre la vida de Corradini.
El caso fue uno de los más resonantes crímenes ocurridos en Córdoba dada la interna desatada en el propio seno familiar: las dos hijas mujeres del matrimonio fueron querellantes para acusar a la madre de haber planeado el asesinato mientras que el hijo mayor, Héctor, defiende a la viuda.
Las hermanas reiteraron esta mañana ante el Tribunal, que deseaban “justicia” para cerrar una situación que tiene “a toda la familia desunida”. “Lamentablemente, nuestra madre tiene que ver con esto”, expresaron. Mientras tanto, Mercedes Segalá insistió en que a su marido “lo mató la Policía por estar metido en cosas ilegales”.
Dos juicios
El caso también ocasionó controversia en el ámbito judicidial ya que la viuda ya había sido juzgada y absuelta ;en 2011, pero luego el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó un nuevo proceso, que concluyó esta tarde con la pena máxima.
Para más detalle: en 2011 la Cámara Novena absolvió por unanimidad a Segalá, a Víctor “Mandrake” Quinteros y a los policías Oscar Aguilar y Mario Onainty por el homicidio, y sólo dictó condena de 7 años de cárcel para Quinteros por el secuestro de Corradini.
Las absoluciones causaron revuelo, y tiempo después el TSJ ordenó un nuevo juicio contra Segalá y Quinteros, en tanto que confirmó las absoluciones de Aguilar y Onainty. Ese proceso comenzó a fines de setiembre y finalizó este lunes, dando (aparentemente) un punto final a la impunidad de un crimen cometido hace 18 años.
La sentencia también alcanzó a la fiscal de Instrucción de la primera etapa, Liliana Sánches, acusada de presuntas irregularidades en la investigación por lo que su desempeño será revisado por una fiscalía anticorrupción.
