Francisco Fortuna, legislador y presidente del bloque Hacemos por Córdoba, conversó con Carlos Paz Vivo! sobre la adhesión de nuestra provincia a la Ley Nacional de “Uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, de la cual fue uno de sus impulsores.
Cabe mencionar que la norma, Ley Nacional 27.350, rige en el país desde 2017, habiendo adherido, al día de la fecha, la totalidad de provincias con excepción de Formosa.
Consultado por lo que significa para Córdoba que esta semana haya adherido a dicha ley, Fortuna señaló: “Esta ley establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados” y agregó: “Córdoba adhiere a esa reglamentación y el ministerio de Salud de la Provincia es la autoridad de aplicación de dicha ley”.
Luego, el exministro de Salud remarcó: “Es el estado nacional quien tiene la competencia para la producción y provisión de los sucedáneos de la planta, que puedan ser usados como medicamento. A partir de ahí, este hace convenios con el INTA, con el CONICET, y también puede usar los laboratorios públicos que estén en las jurisdicciones provinciales, para llevar a cabo los procedimientos de producción de dichos sucedáneos”.
En relación a cómo impacta la adhesión a la ley 27.350 en los usuarios del aceite de cannabis y otros derivados de la planta, el legislador aclaró: “Se creará un registro nacional de usuarios, entonces, las personas, con una indicación médica, -el profesional lleva adelante el procedimiento con una receta-, reciben el carácter legal que se necesita para poder tener acceso a los sucedáneos de la planta”.
Acceso por obra social o distribución gratuita
En cuanto a la forma de acceder a los productos derivados del cannabis, Fortuna detalló: “Esas personas, que además firman un consentimiento informado respecto a lo que significa la aplicación de esos medicamentos para usarlos, pueden acceder a los medicamentos derivados del cannabis a través de la compra y la cobertura de la obra social mediante una farmacia, o bien podrán acceder, si carecen de obra social, a través de la distribución gratuita que va a hacer el sector de la salud pública, tanto a nivel nacional como provincial”.
Autocultivo: los procedimientos que marca la ley
El autocultivo, será otra forma de tener acceso a los productos derivados del cannabis. En tal sentido, Fortuna destacó la importancia de seguir los procedimientos que marca la ley, para no quedar fuera del amparo legal : “Eso implica registrarse como persona que está llevando adelante el autocultivo, -que puede ser alguien que lo necesite a nivel médico, un familiar de quien lo necesita o un organismo no gubernamental-, pero siempre en el marco de la ley”.
Además explicó: “La ley dice que debe cultivarse dentro del domicilio, debe estar registrado ese domicilio y el procedimiento, y también establece la fiscalización desde la siembra de las semillas, el conteo de plantas, y por supuesto, hasta el control de la elaboración de los productos”.
Según Fortuna no hay, hasta el momento, un registro de la cantidad de personas que actualmente realizan autocultivo de cannabis en Córdoba, como tampoco a nivel nacional.
Al respecto, indicó: “Ese registro se va ir armando con el tiempo, hay que recordar que la aplicación de la ley en el país, se hizo posible a través de la reforma en su decreto reglamentario que se sancionó recién en noviembre del 2020”.
La aplicación de la ley en Córdoba
Para la aplicación de esta ley en Córdoba se generó un Consejo Consultivo en competencia del ministro de Salud, que acelerará la implementación operativa de la misma. “En ese Consejo van a participar el Colegio de Farmacéuticos, el Consejo Médico de Córdoba, entidades científicas u otras asociaciones que puedan hacer un aporte al tema. Todos ellos harán más pragmática la aplicación de la ley en Córdoba”, aseguró el legislador.
Por último, Fortuna indicó que las distintas jurisdicciones nacionales y provinciales, pueden, cumpliendo una serie de pautas legales y procedimientos, llevar a cabo emprendimientos que impliquen el cultivo de cannabis y la producción de aceite y sucedáneos como el caso de la provincia de Jujuy, pero “es el estado nacional el principal proveedor de los mismos”.
