Por Norman Berra (Delfos). En las últimas semanas, el gabinete económico nacional viene poniendo a punto un plan para bajar la inflación que combina dólar, tasas y precios y apunta a que el aumento de precios se deslice a una zona en torno al 2% mensual en lugar del casi 4% de promedio del bimestre enero-febrero de 2021.
El objetivo de máxima es acercarse a lo proyectado en el Presupuesto (en torno al 29%). El de mínima bajar al menos un punto la inflación anual respecto a la registrada en 2020 (en torno al 36%).
En este contexto, una reciente encuesta nacional de Clivajes Consultores arroja que casi 44% de los electores tiene confianza (mucha +poca) en que el Gobierno logre mantener la meta inflacionaria del 29% anual.
Ese 44% de confianza está en el orden de magnitud del voto al Frente de Todos (FdT) en 2019 (48,24%).
Por otro lado, 51,5% tiene desconfianza (algo + mucha) en que el gobierno pueda cumplir esa meta, una proporción que está en el orden de magnitud de la suma de todo el arco opositor en los mismos comicios (51,76%), mientras que un 4,6% ns/nc (gráfico arriba).
Así, se podría decir que la confianza abarca en general a los votantes oficialistas, mientras que la desconfianza se extiende entre los opositores (las diferencias entre la variable confianza y la segmentación electoral no es estadísticamente significativa).
Así, el desafío para el gobierno es quebrar el escepticismo que predomina en las expectativas en esta materia. Hay que decir, sin embargo, que el de Clivajes no es el peor resultado en las encuestas para el oficialismo: según un sondeo reciente de Ricardo Rouvier & Asociados, la creencia en que la inflación va a disminuir tocó piso entre fines de febrero y principios de marzo (20,3%), mientras que la creencia contraria hizo un pico de 67,1% en la serie evolutiva interanual (gráfico abajo).
Profundizando en la cuestión, Clivajes reporta que el aumento de precios que más preocupa es el de los alimentos, con 46,1% de las respuestas, seguido por el de combustibles (19,7%), tarifas (16,4%), alquileres (11,6%) y medicamentos (5,4%; gráfico abajo).
En este sentido, el dato blando de las encuestas está alineado con el dato duro, puesto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC confirma a alimentos y combustibles dentro de los rubros con mayores aumentos en los últimos meses, con el agravante de que el primero es el que más impacta en la canasta de consumo básica mientras que el segundo es uno de los que tiene mayor efecto multiplicador.
Según el mismo estudio, el principal problema percibido en el aumento de precios en los alimentos es “la falta de control del Estado en la cadena productiva” (30,6%), seguido de cerca por “la carga impositiva” (24,2%), que a su vez se ubica en empate técnico con la respuesta “la falta de acuerdo entre los principales actores económicos” (21,1%).
En cuarto lugar aparece “la especulación del sector agropecuario” (14,5%) y en quinto “la brecha cambiaria” (6,4%, gráfico abajo).
Con matices, una encuesta reciente de Analogías Consultora también arroja que el Estado es percibido como responsable del precio de los alimentos por 67,3% de los electores (mucho + bastante), mientras que casi 28% lo ve como poco o nada responsable y 5% no sabe (gráfico abajo).
Esa percepción de responsabilidad estatal se corresponde con similar apoyo a la idea de que el Estado como actor ejerza un control más fuerte sobre el precio de los alimentos: 70,5% está de acuerdo con una propuesta en ese sentido, mientras que apenas 24,2% se muestra en contra y 5,3% no sabe (gráfico abajo).
En la misma línea y con apenas matices, según el último estudio de CELAG 62% de los electores está de acuerdo con poner límite a las ganancias de las grandes empresas, mientras que casi 35% está en desacuerdo y 3,2% ns/nc (gráfico abajo).
En síntesis, aparece una mayoría de electores que responsabiliza al Estado por el control de inflación y también está a favor de que aquél ejerza un rol más intervencionista en la puja redistributiva.
En el caso de los alimentos, los controles de precios se han mostrado como una política que tuvo alto impacto en determinados momentos de la pandemia de Covid-19 durante el año pasado, pero desde 2021 viene encontrando mayor resistencia desde el ámbito
