La Justicia Federal allanó oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en Buenos Aires, luego de que se impusiera secreto de sumario en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de una planta potabilizadora de Aysa, en tanto la empresa ratificó públicamente su predisposición a “colaborar en forma amplia y definitiva con las investigaciones”.
En tanto, la reunión que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tenía previsto realizar este miércoles con representantes de Odebrecht para avanzar en las tratativas para que la constructora aporte información que, a su vez, la Oficina Anticorrupción derivará a la Justicia, fue reprogramada para la semana próxima en virtud de los allanamientos que tuvieron lugar este mediodía.
A través de un comunicado de prensa, la empresa Odebrecht aseguró haberse presentado el 9 de este mes en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello -donde tramita el expediente en el que fueron ordenados los allanamientos- y ofrecido “colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones”.
“La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente”, expresó Odebrechet en el comunicado que difundió públicamente para confirmar los allanamientos en sus oficinas ubicadas en el piso 32 de la torre ubicada en la avenida Leandro N. Alem 855 del barrio porteño de Retiro.
Por su parte, el Ministerio de Justicia informó esta tarde, a través de un comunicado de prensa, acerca de la reprogramación del encuentro previsto para este miércoles, que sería continuidad de la reunión mantenida ayer con abogados de Odebrecht en la que la empresa realizó una propuesta que, según indicó el ministro Germán Garavano, hoy era “examinada” por el Gobierno.
“El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunirá la semana próxima con los abogados de la firma brasileña Odebrecht a fin de lograr un acuerdo para que la Justicia reciba información sobre el supuesto pago de sobornos a funcionarios y empresarios argentinos vinculados con la obra pública. La reunión se reprogramó para la semana que viene porque la justicia federal dispuso el allanamiento de las oficinas de OIdebrecht”, consignó el comunicado de la cartera.
El juez federal Casanello ordenó allanar las oficinas de la empresa brasileña Odebrecht en Buenos Aires en busca de documentación en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la adjudicación de las obras para construir una planta potabilizadora de la empresa AYSA en el Paraná de las Palmas, según informaron fuentes judiciales.
El procedimiento fue dispuesto luego de que se impusiera “secreto de sumario” en ese expediente.
Paralelamente, en otra de las causas que involucra a la constructora brasileña, la que investiga el soterramiento del tren Sarmiento adjudicado a una unión transitoria de empresas, entre ellas Odebrecht y Calcaterra, una pericia de la Policía Federal entregada al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi confirmó que fueron borrados 260 archivos de la computadora de un ex directivo de la constructora, Mauricio Couri Ribeiro, con palabras clave que aludían a esa operación.
Según informaron a Télam fuentes judiciales, Casanello implantó el secreto de sumario en la causa por Aysa y ordenó medidas de prueba vinculadas a pedidos hechos por el fiscal Federico Delgado relativos a investigar llamados de directivos de Odebrecht realizados entre 2006 y 2015, además de pedidos de informes a organismos sobre los contratos firmados para adjudicar las obras a la firma brasileña y posibles “agregados”, es decir, “adendas” hechas a los mismos.
La semana pasada, Casanello había pedido a la Jefatura de Gabinete que le informe sobre reuniones mantenidas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno con directivos de la empresa brasilera en los años investigados.
Los pagos de sobornos en Argentina por parte de la empresa implicada en la causa conocida en Brasil con el nombre de Lava Jato son investigados en tres causas que implican de manera directa a la constructora, en las cuales hay exhortos cursados a distintos países y pedidos de colaboración a la Justicia del vecino país.
En una de ellas, enfocada en el soterramiento del Sarmiento, la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA informó al juez Martínez De Giorgi y al fiscal federal Franco Picardi sobre lo ocurrido con la computadora del ex directivo de Odebrecht, quien había intercambiado correos electrónicos con Manuel Vázquez, un ex asesor del detenido ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
Estos correos y otros archivos fueron borrados, de acuerdo con el peritaje que se basó en búsqueda de palabras clave como “soterramiento” y “Sarmiento”, además de empresas off shore que habrían sido usadas para los pagos ilegales.
La computadora fue secuestrada en la sede de la empresa en Argentina y se localizó en manos de otra empleada que la utilizaba tras la salida del investigado de la firma.
El fiscal Delgado ofreció ayer a los abogados de Odebrecht que se presentaron en las causas realizar en el término de cinco días una oferta de colaboración que pueda ser contemplada por la ley del arrepentido argentina.
Los letrados acercaron a los juzgados el convenio firmado con Brasil para la delación premiada, que fue mandado a traducir del portugués al castellano.
Sin embargo, por lo que ya se sabe del mismo, sus términos no están previstos en las leyes nacionales por lo cual sería inaplicable, explicaron fuentes judiciales.
Para la ley argentina, son los fiscales quienes pueden pactar algún tipo de arreglo a cambio de información valedera con acusados en causas penales, en acuerdos que luego deben ser homologados por cada juez que lleve una investigación.
En tanto, desde el Gobierno nacional, también se están buscando las vías para que la constructora brasileña aporte información a la Oficina Anticorrupción y que ese cuerpo, a su vez, la lleve a la Justicia ante lo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió como una “clara inacción” por parte de la Procuración General de la Nación.
