El veterano estadounidense que el viernes pasado cometió una masacre en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale fue llevado hoy ante una jueza y la Fiscalía le informó que lo acusan de tres delitos que pueden conllevar la pena de muerte en Florida. Esposado, vestido con un mono carcelario rojo y rodeado de policías, Esteban Santiago, un ex combatiente de Irak de 26 años, llegó a los tribunales federales de Fort Lauderdale por primera vez, conoció a su abogado de oficio y escuchó la acusación, aunque aún no fue formalmente imputado. La Fiscalía lo acusa de un acto de violencia contra personas en un aeropuerto internacional, uso de arma de fuego en el curso de un crimen violento y causar la muerte de personas con un arma de fuego. Todos los cargos se refieren al tiroteo del viernes pasado, en el que fallecieron cinco personas. La jueza federal Alicia Valle le informó que los cargos suponen una “ofensa capital” por lo que podría ser condenado a una pena de “muerte”.

La audiencia duró menos de media hora y Santiago se mantuvo sentado y tranquilo todo el tiempo, según informó la agencia de noticias EFE.

Durante ella, la jueza Valle desinó al abogado defensor de oficio, Bob Berube, ya que, según explicó, el detenido está desempleado y no tiene más que unos diez dólares en su cuenta bancaria.

La próxima audiencia fue fijada para el martes de la semana que vienen y el tema central será determinar el estatus de su detención, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Actualmente y de manera temporal está detenido sin fianza.

El joven, nacido en Nueva Jersey y de ascendencia puertorriqueña, reconoció ante la Policía que planeó el ataque del viernes en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, según informaron fuentes cercanas a la investigación, que es dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Hasta ahora el FBI no descartó que se trate de un acto de terrorismo con vínculos internacionales, aunque en los últimos días se supo que Santiago volvió de Irak perturbado y llegó, incluso, a declarar ante las autoridades que escuchaba voces y que la CIA quería que se uniera al Estado Islámico. Pese a estas declaraciones, el FBI concluyó que Santiago estaba mentalmente bien, lo liberó y le devolvió su arma. La familia de Santiago ahora acusa al gobierno estadounidense de haberle negado atención psicológica al ex combatiente y de haberlo abandonado tras su vuelta de la guerra.